La Xunta reclama una mayor claridad y transparencia en relación con las fórmulas de distribución de los fondos de formación para las políticas activas de empleo de cara a 2025, financiadas con recursos del Estado, así como una menor injerencia del Gobierno en la aplicación de dichos fondos. Así lo reiteró el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la que participó por videoconferencia.

En este encuentro, se abordaron los criterios de distribución de fondos para políticas activas de empleo, cuestión sobre la que Galicia también demandó que los del próximo año sean debatidos en una próxima conferencia sectorial, puesto que es un asunto que requiere ser analizado con antelación y atendiendo a las autonomías. 

Ahondando en este posicionamiento, el titular de Emprego insistió en la necesidad de que se establezcan unas pautas consensuadas necesariamente con las Comunidades Autónomas y puso de manifiesto la excesiva intervención central en esta materia, sin tener en cuenta las circunstancias y particularidades de cada autonomía a la hora de fijar criterios de distribución de los fondos. Máxime, subrayó, cuando son las comunidades autónomas las que tienen las competencias exclusivas en las políticas activas de empleo.

En esta línea, el conselleiro remarcó que es preciso dotar de mayor flexibilidad la determinación de los destinatarios diana de las políticas, puesto que cada territorio tiene sus singularidades.

También manifestó que los criterios de distribución que tienen los indicadores de formación para el empleo en la actualidad no son acordes con la actual distribución competencial del reparto de los fondos para las políticas de formación, la mayor parte de ellos dependientes del Ministerio de Educación.

Esto implica, indicó, que los hitos conseguidos con estos programas no computen a la hora de lograr los indicadores que marca el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que, por lo tanto, penalizan las políticas de formación puestas en marcha por parte de las autonomías. A mayores, José González solicitó que los criterios e indicadores de fondos SEPE para el próximo ejercicio 2025 se adopten en consideración con los requerimientos de las diferentes direcciones generales con competencias en esta materia y no como hasta ahora se venía haciendo, por medio de grupos técnicos ajenos a las autonomías.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *