España asume del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, por quinta vez en su historia, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Le corresponde, por tanto, organizar las reuniones del Consejo y representarlo ante otras instituciones de la UE. Por ello, el Gobierno ha publicado una serie de claves explicativas sobre la institución y sobre los propósitos de esta nueva etapa.
¿Qué es el Consejo de la Unión Europea?
El Consejo de la Unión Europea es el nombre que reciben las reuniones de los ministros de los Estados miembros. Tiene, junto con el Parlamento Europeo, funciones legislativas y presupuestarias, así como de coordinación. Los ministros de los gobiernos de cada país de la UE se reúnen para debatir, adoptar y modificar medidas legislativas y para coordinar políticas.
El Consejo de la UE se reúne en un formato de diez configuraciones diferentes en función de la materia que vaya a abordarse. Así, por ejemplo, si la reunión es del Consejo de Economía, la preside el ministro o ministra de Economía del país que ostenta la Presidencia.
No debe confundirse el Consejo de la Unión Europea con el Consejo Europeo. Este reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, el presidente o presidenta permanente del Consejo Europeo y el presidente o presidenta de la Comisión Europea, y se encarga de establecer las directrices políticas de la Unión Europea.
También hay que distinguir el Consejo de la UE del Consejo de Europa, que es una organización internacional destinada a promover la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, basado en la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. El Consejo de Europa está compuesto por 47 países europeos entre los que se encuentran los 27 Estados miembros de la UE.
¿Qué país preside el Consejo de la Unión Europea?
La Presidencia se asume, de forma rotatoria y durante seis meses, por un Estado miembro de la Unión Europea.
¿Cuáles son las funciones de la presidencia del Consejo de la Unión Europea?
La Presidencia del Consejo de la UE organiza y lidera las reuniones del Consejo. Durante el semestre de la Presidencia, se celebran más de un millar de reuniones, desde las que reúnen a los ministros o ministras responsables de cada ramo hasta las destinadas a los técnicos expertos en cada materia de debate.
Asimismo, la Presidencia de turno representa al Consejo en sus relaciones con otras instituciones de la Unión Europea, entre las que destacan la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Con estos dos organismos, el Consejo de la UE lleva a cabo los Trílogos, encaminados a adoptar actos legislativos, como las directivas y los reglamentos.
En otros foros internacionales, la Unión Europea también puede ser representada por la Presidencia del Consejo de la UE, aunque esta responsabilidad suele compartirse con otras figuras como el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el presidente o presidenta del Consejo Europeo y de la Comisión Europea.
¿Cuál es el papel de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea?
La Presidencia del Consejo tiene que ser neutral y facilitar la asunción de acuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, debe priorizar la mediación entre las distintas posiciones de los Estados, dejando en un segundo plano los intereses propios de su país.
El objetivo último de la Presidencia es que los 27 Estados miembros trabajen juntos para lograr los mejores resultados para la Unión Europea y sus ciudadanos.
¿Cuántas veces ha presidido España el Consejo?
Es la quinta vez que España ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Las anteriores fueron en los años 1989, 1995, 2002 y 2010.
La primera Presidencia española se inició el 1 de enero de 1989, cuando la UE la formaban doce países. Uno de los principales logros fue la decisión, en la Cumbre de Madrid, de iniciar la primera fase de creación de la Unión Económica y Monetaria, paso fundamental que desembocó, doce años después, en el establecimiento de una moneda común.
Además, se produjeron avances sobre seguridad laboral y Política Agraria Común, y se lanzó la idea de la cohesión económica y social, esencial para compensar las deficiencias de los países más pobres en el mercado interior y que se concretaría después en los Fondos de Cohesión.
La segunda Presidencia de España, en 1995, se produjo en un momento crucial para el bloque, ya que acababan de incorporarse tres nuevos miembros (Austria, Suecia y Finlandia), al tiempo que se llevaba a cabo un proceso de reflexión que desembocó en la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997. Además, el 26 de marzo de 1995 se puso en funcionamiento en siete Estados miembros, entre ellos España, otro de los mayores logros del proyecto comunitario: el Espacio Schengen; actualmente en vigor en 27 países, supuso la retirada de los controles en las fronteras interiores para permitir la libre circulación de personas y mercancías.
Durante esta Presidencia, en el Consejo Europeo de Madrid de diciembre se decidió bautizar a la moneda única con el nombre de “euro” y se impulsó la relación de la Unión Europea con los países mediterráneos con la firma de la Declaración de Barcelona, origen de la Unión por el Mediterráneo.
En la tercera Presidencia, en 2002, España volvió a asumir la Presidencia del Consejo en un momento trascendental para la Unión Europea, ya que se daba el visto bueno a la mayor ampliación desde su creación, pasando de 15 a 27 miembros. El 1 de enero, el mismo día del arranque del semestre español, se puso en circulación el euro en 12 países, incluyendo España.
Debido a la crisis derivada de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se incorporó entre las prioridades la lucha contra el terrorismo transnacional, y se acordaron importantes avances en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Un ejemplo destacado fue la aprobación de la orden europea de detención y entrega, la conocida como ‘Euroorden’.
La crisis económica que afectó a todos los países de la Unión Europea y a la Zona Euro marcó la cuarta Presidencia, en 2010, en la que España se fijó como meta impulsar la reactivación económica a través de un crecimiento sostenible y generador de empleo.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa -la última de las grandes reformas del derecho de la Unión Europea, el 1 diciembre de 2009- hizo que le correspondiese a España aplicar por primera vez muchas de sus disposiciones. Gran parte de las novedades estaban relacionadas con el desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad Común, que permite a la Unión amplificar sus valores y sus intereses en el escenario internacional.
¿Cuáles son las prioridades de la Presidencia española del Consejo?
Como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 15 de junio, la Presidencia española ha establecido cuatro prioridades para este semestre.
- Reindustrializar la UE y garantizar su autonomía estratégica abierta.
La apertura internacional de las últimas siete décadas ha sido muy beneficiosa para la UE y ha permitido alcanzar cotas de crecimiento económico y bienestar social que, desde el proteccionismo, habrían sido imposibles. No obstante, también ha facilitado procesos de deslocalización que han hecho perder industrias en sectores estratégicos y ha llevado a una dependencia excesiva de terceros países en ámbitos como la energía, la salud, las tecnologías digitales y la alimentación. Los cambios geopolíticos, tecnológicos y medioambientales ofrecen la oportunidad de invertir esta tendencia.
Para lograrlo, la Presidencia española trabajará en dos frentes. Por un lado, promoverá aquellos expedientes que permitan fomentar el desarrollo de industrias y tecnologías estratégicas en Europa, la ampliación y diversificación de sus relaciones comerciales y el reforzamiento de sus cadenas de suministro, otorgando una importancia especial a la Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).
Por otro lado, propondrá una estrategia común para garantizar la seguridad económica y el liderazgo global de la UE de aquí a 2030. Esto permitirá continuar y profundizar el trabajo de las instituciones europeas y la hoja de ruta acordada por los 27 Estados en la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de Versalles en marzo de 2022.
- Avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental.
Para los europeos, frenar el cambio climático y la degradación medioambiental no es solo una obligación legal y moral, sino también una oportunidad inmensa. Si se ejecuta bien, la transición ecológica reducirá drásticamente las dependencias en energía y materias primas, abaratará sustancialmente la factura eléctrica, hará más competitivas a las empresas y creará cerca de un millón de empleos solo en esta década.
La Presidencia española hará todo lo posible para facilitar esta transición. Impulsará una reforma del mercado eléctrico que acelere el despliegue de las energías renovables, reduzca los precios de la electricidad y mejore la estabilidad del sistema. Además, agilizará la tramitación de los expedientes legislativos pendientes del ‘Fit for 55’, como el paquete de gas e hidrógeno y los reglamentos de eficiencia energética. Y promoverá medidas para la reducción de residuos y microplásticos, el diseño de productos sostenibles y la generación de combustibles ecológicos.
Todo para que la UE siga liderando la lucha global contra el cambio climático y lo haga creando riqueza y nuevas oportunidades en todo su territorio.
- Impulsar una mayor justicia social y económica.
Europa necesita una economía más competitiva, pero también más justa y solidaria. Hay que lograr que la riqueza generada llegue a toda la ciudadanía y sirva para mejorar sus oportunidades y condiciones de vida.
Por eso, la Presidencia española abogará por el establecimiento de unos estándares mínimos y comunes de tributación empresarial en todos los Estados miembros y combatirá la evasión fiscal de las grandes multinacionales, que cada año cuesta a la UE 1,5 puntos de PIB, es decir, lo mismo que gasta en vivienda y protección medioambiental.
Asimismo, trabajará para una adecuada revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y también para una reforma de las reglas fiscales que permita superar la austeridad, aumentar la transparencia y combinar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la correcta financiación de las transiciones verde y digital.
Por último, impulsará la ampliación de los derechos de los trabajadores en varios ámbitos y de colectivos vulnerables como los niños, las mujeres que sufren violencia de género y las personas con discapacidad.
- Reforzar la unidad europea.
En un mundo de incertidumbre y tensiones geopolíticas crecientes, la UE debe permanecer unida. Por eso, los Estados miembros deben seguir avanzando en materia de integración y desarrollar herramientas que les permitan afrontar juntos los grandes desafíos de esta época.
La Presidencia española apostará por una mayor profundización del mercado interior, la culminación de la unión bancaria y la unión de mercados de capitales, una consolidación y mejora de instrumentos comunes como los fondos ‘NextGenerationEU’, una gestión más eficaz y coordinada de los procesos de migración y asilo, y el apoyo coordinado a Ucrania y a otros Estados del entorno.
Asimismo, trabajará por el desarrollo de la identidad y los valores compartidos y por una nueva fase de desarrollo del proyecto europeo.