El Ministerio de Industria y Turismo ha comunicado oficialmente a la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) que ocupará una de las vocalías del Consejo Estatal de la PYME y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Lo hará en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal e intersectorial más representativas reconociéndose su papel, su labor y su derecho a estar como interlocutor social (agente económico y social) más representativo de las pymes de nuestro país. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de abril un Real Decreto por el que se modifica la regulación del Consejo Estatal de la Pyme y se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Es una modificación del Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa. Se justifica así la modificación en la composición del Consejo Estatal de la PYME, por un lado, actualizando el número de vocalías correspondientes a los ministerios para adaptarlo a la actual estructura ministerial y, por otro lado, aumentando el número de vocalías correspondientes a organizaciones empresariales y sindicales, para garantizar una mejor representatividad de las pymes y sus trabajadores en dicho órgano. Hito histórico y ruptura del monopolio El presidente de CONPYMES, José María Torres, comenta que “estamos ante un hito histórico después de más de 45 años de democracia. Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-CEPYME como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país, en línea con la Recomendación de la Comisión Europea que insta a la democratización del Diálogo Social”. Torres recuerda que, “con motivo del recurso interpuesto por CONPYMES contra las subvenciones nominativas, el Tribunal Supremo ya empezó a romper el monopolio de la representación empresarial anulando el Real Decreto 1027/2022 que concedía subvenciones directas a la digitalización a CEOE-CEPYME y UGT en diciembre de 2022 por valor de 30,6 millones de euros al considerar que el Gobierno no llevó a cabo la adjudicación por los cauces oportunos al no realizar una convocatoria pública. El fallo fue contundente al considerar la alta importancia de esta adjudicación por parte del Gobierno al tratarse de dinero procedente de los fondos europeos Next Generation para formación para el empleo y al hacerse eco de un informe del interventor del Ministerio de Educación y Formación Profesional que desaconsejaba la entrega de estas ayudas”. El presidente de CONPYMES añade que “el Tribunal Supremo en la sentencia dejó claro que aunque pueda ser notorio que ambas organizaciones empresariales y la organización sindical beneficiarias de la subvención son representativas constituyendo interlocutores sociales, también lo es que no son los únicos interlocutores por lo que la atribución de “posición única” carece de justificación. También expresó sus dudas a la supuesta representación que se otorga a las organizaciones CEOE y CEPYME para justificar su condición de únicos perceptores, porque ni tan siquiera está documentado”. CONPYMES valora positivamente este gran paso dado por el Gobierno para empezar a democratizar el Diálogo Social, así como la inclusión en el Plan Anual Normativo del Gobierno para 2024 de una Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las PYMES. Según consta en el PAN, el objetivo de dicha ley será “desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y mediana empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional”. |