El Tribunal Supremo ha anulado una subvención directa concedida por parte del Gobierno a las organizaciones CEOE, CEPYME y UGT en diciembre de 2022 por valor de 30,6 millones de euros al considerar que el Gobierno no llevó a cabo la adjudicación por los cauces oportunos al no realizar una convocatoria pública. Se trata de dinero procedente de los fondos europeos Next Generation para formación para el empleo. La sentencia recoge un informe del interventor del Ministerio de Educación y Formación Profesional que desaconsejaba la entrega de estas ayudas.

Concretamente, el fallo del Supremo estima el recurso planteado por la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) y anula el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, que reguló la concesión directa de subvenciones «al no haberse acreditado circunstancias que impidiesen el procedimiento ordinario de convocatoria pública previsto en la Ley General de Subvenciones». Por lo que la justicia entiende que la invocación que hace el Real Decreto a la crisis del Covid y a la guerra de Ucrania para obviar la convocatoria pública de las subvenciones «no tiene justificación en un momento en el que ya se da un desenvolvimiento ordinario de las actividades ciudadanas».

Respecto a ese incumplimiento de los trámites establecidos en la Ley General de Subvenciones, el Alto Tribunal señala que «no hay constancia» de la acreditación de las circunstancias que impidan la consulta pública previa y el trámite de información pública a que se refiere el artículo 47 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 3 de diciembre, por el que se apruebas medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La sentencia afirma que el importe de las subvenciones tiene un impacto significativo en la actividad económica, al repartir más de 30 millones de euros a repartir entre dos patronales y una organización sindical.

El presidente de la entidad recurrente, José María Torres, está satisfecho por la sentencia del Tribunal Supremo, que esta semana anuló un decreto por el que se concedieron subvenciones para formación de trabajadores y desempleados a varios agentes sociales en un proceso en el que no se le permitió participar.

«Estamos muy contentos porque pensamos que es un éxito de la democracia que se dejen de dar subvenciones a dedo». Torres, además, reclama al Gobierno que mida la representatividad de patronales y sindicatos, y reconozca a Conpymes como interlocutor social.

Tras la sentencia, el Ministerio de Educación ha convocado a CEOE, Cepyme y UGT para abordar el asunto, aunque ha asegurado que, en cualquier caso, la decisión del Supremo no conlleva que se paralicen los cursos, ni que tengan que devolver la financiación.

«Estaremos pendientes de la reunión del lunes y pediremos que se cumpla la sentencia», deja claro Torres, quien critica que el Ministerio de Educación no quisiera reunirse con ellos y que les discriminaran a la hora de distribuir esas subvenciones provenientes de los fondos europeos.

Para Torres, esta sentencia «abre un camino para que cualquier subvención se otorgue en concurrencia competitiva, para que cualquiera pueda acceder», es decir, dice que esos beneficiarios «no son los únicos» interlocutores sociales.

A la espera de un reglamento de representatividad

La lucha de Torres va más allá de este asunto de las subvenciones, ya que aspira a que Conpymes sea considerada un interlocutor social con el Gobierno, que se tenga en cuenta su representatividad como confederación de pequeñas y medianas empresas.

Por ello, planteó un contencioso administrativo contra el Ministerio de Trabajo en la Audiencia Nacional en el que reclama su reconocimiento como agente social, una demanda actualmente pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su reclamación, pedía que se cumpliera la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que señala como representativas a las asociaciones empresariales que cuenten con el 10 % o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal.

«El Gobierno nos contestó que la representatividad se daba por presunción» y que es necesario un reglamento para cuantificarla, algo a lo que se comprometió a llevar a cabo el Gobierno en el acuerdo PSOE-Sumar, especialmente en el ámbito de las pymes.

«Pedimos que haya un reglamento y que las reglas sean para todos», deja claro el presidente de Conpymes, una confederación que agrupa a unas 60 organizaciones patronales y sectoriales.

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